En un panorama donde el acceso a la vivienda sigue siendo una preocupación fundamental para una parte significativa de la población española, las críticas hacia la Ley de Vivienda promulgada por el Gobierno en mayo de 2023 no se hacen esperar. Santiago Carbó, reconocido economista y director de Estudios Financieros de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), se suma a la lista de expertos que cuestionan la efectividad de esta legislación en su intento por mejorar las condiciones del mercado residencial.
Carbó, en su última entrada en el blog de Funcas, reflexiona sobre los objetivos centrales de la ley, destacando su intención de modificar las condiciones del mercado para hacer más accesible la vivienda, especialmente en lo que respecta al alquiler. Sin embargo, al analizar las cifras del año 2023, el economista observa con pesar que tales metas no se han alcanzado. Por el contrario, los precios de alquiler continúan en aumento, alcanzando niveles históricos en algunas zonas, mientras que la oferta de viviendas disponibles disminuye. Esta discrepancia entre una demanda creciente y una oferta menguante solo agrava el problema, en lugar de resolverlo.
El incremento notable en la oferta de pisos compartidos también sirve como indicador de las «enormes disfuncionalidades del mercado de alquiler», según Carbó. Este fenómeno, junto con el constante aumento de los precios de compra, incluso en un contexto de aumento de los tipos de interés y desaceleración económica, revela una realidad preocupante. El encarecimiento de la vivienda está siendo impulsado no tanto por la demanda residencial minorista, sino por la demanda mayorista de grandes patrimonios y no residentes, con objetivos de inversión que pueden incluir componentes especulativos. Esta dinámica, advierte el economista, está erosionando la asequibilidad de la vivienda, ya que los precios inmobiliarios superan el crecimiento de los salarios año tras año.
La falta de una respuesta efectiva por parte de las políticas públicas es otra preocupación que Carbó subraya en su análisis. Critica la falta de medidas contundentes para mejorar las condiciones de accesibilidad, especialmente en las grandes ciudades y otras áreas donde la demanda de vivienda está bajo presión. Además, advierte sobre el impacto contraproducente que pueden tener las regulaciones de precios en el mercado, así como la necesidad urgente de aumentar significativamente la oferta de vivienda, tanto pública como privada.
El hecho de que el mercado inmobiliario español esté cumpliendo su objetivo como destino de inversión, ofreciendo rendimientos atractivos para los inversores, contrasta drásticamente con su incapacidad para proporcionar acceso asequible a la vivienda para la mayoría de la población. Carbó señala factores estructurales, como las políticas de suelo inadecuadas y el aumento de la demanda, como contribuyentes a esta situación, que no hace sino profundizar la brecha entre propietarios y aquellos que luchan por acceder a la vivienda, especialmente entre las generaciones más jóvenes.
En última instancia, Carbó hace un llamado urgente a poner la vivienda en el centro de la agenda política y a enfocar los esfuerzos en mejorar el acceso a viviendas asequibles y de calidad. Esto implica potenciar un mercado de alquiler eficiente, sin intervenciones que distorsionen los precios, y aumentar tanto la oferta pública como privada de vivienda. Solo así se podrá avanzar hacia una solución sostenible y equitativa a los desafíos persistentes en el acceso a la vivienda en España.
